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La Guardia Nacional
¿Civiles uniformados?

En un inicio la Guardia Nacional se planteó como una institución de orden civil, sin embargo, en su mayoría está integrada por elementos castrenses, es decir, por elementos de combate:

Elementos de Guardia nacional

Elementos de SEDENA

Elementos de
SEMAR

Las mismas fuerzas armadas de México que cometen crímenes atroces

Notas sobre la Guardia Nacional

No eres tú, es el

Chilling effect

La Ley Nacional del Uso de la Fuerza y su efecto inhibidor en las protestas

El 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional del Uso de la Fuerza (LNUF), que forma parte del marco jurídico de la Guardia Nacional.

El artículo 27 de la LNUF prohíbe a la Guardia Nacional usar armas “contra quienes participen en manifestaciones o reuniones pacíficas con objeto lícito”, sin embargo, su artículo 28 le permite usar la fuerza cuando las manifestaciones o reuniones “se tornen violentas”, esto no excluye, por ejemplo, la fuerza letal. Este diseño normativo provoca lo que se conoce como efecto inhibidor o chilling effect.

¿Chilling effect?

Es una herramienta mediante la cual los Estados impiden el ejercicio de los derechos humanos o disuaden a las personas para que no los ejerzan. En otras palabras, el miedo que te genera salir a manifestarte ante injusticias sociales, al pensar que en cualquier momento y sin motivo, puedas ser atacado por autoridades, incluso perdiendo la vida en este acto.

Te contamos cuáles son las mayores preocupaciones en torno a esta Ley:

1.

Faculta a la Guardia Nacional a usar la fuerza tras determinar, arbitrariamente, si una reunión o manifestación tiene un objeto lícito o es violenta. Es decir la GN puede decidir que una manifestación es violenta y responder con fuerza, incluyendo fuerza letal, para reprimir la protesta.

2.

Asume como violenta a la multitud y no a individuos por lo que cualquier infiltración de provocadores podría justificar el uso de la fuerza, incluso letal, contra todas las personas en la protesta.

3.

Establece criterios irrazonables y desproporcionados sobre el uso de la fuerza, en tanto que no tiene un enfoque en los derechos de las personas.

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